En 29 de mayo del 2023, el
presidente de Brasil Luís Ignacio Lula da Silva, al invitar su admirado amigo
Nicolás Maduro, autoridad máxima del gobierno venezolano, para una reunión
bilateral entre los dos países en Brasilia, dio a entender, en su discurso de
recepción a dicho dirigente, que la democracia está prosperando en Venezuela y
condenó aquellos que consideran el país como una dictadura, definiéndoles como
constructores de una falsa narrativa. Lo que Lula considera democracia en
Venezuela es un gobierno que asumió por las vías autoritarias el control del
poder legislativo y ha subordinado el poder judicial a sus intereses.
Manteniendo elecciones de
fachada, observadores internacionales han documentado miles de factores que
demuestran la falta de transparencia en todas las elecciones en Venezuela desde
el inicio de este siglo. Desde 2014 ocurrieron más de 15 mil prisiones políticas
de individuos que intentaron manifestarse libremente o que fueron candidatos de
oposición en todos los niveles de gobierno, y la Humans Rights Watch - una
institución internacional de defensa de derechos humanos ha denunciado la
represión y tortura de personas detenidas y procesos criminales contra civiles
en tribunales militares.
La subordinación del gobierno y
de los ciudadanos a los interese de una cleptocracia autoritaria y corrupta en
Venezuela ha generado un empobrecimiento récord de su población, con el retorno
del hambre y de endemias antes erradicadas. Como consecuencia, se estima que,
alrededor de 2024, cerca de casi 8 millones de venezolanos dejaron el país
desde el inicio del Gobierno Chaves, siendo que la mayoría ha inmigrado para
otros países de América Latina.
¿Pero cuáles son las
consecuencias de la dictadura venezolana sobre su sistema de salud y sobre la
salud de su población? Para hablar sobre este tema, invitamos a una de las
mayores autoridades del país en los temas de políticas de salud - el Dr.
Marino J. González R.
Sus áreas de especialización son:
políticas públicas, políticas sociales, y políticas de salud. Desde 1999 ha
dirigido más de 50 proyectos de investigación y asistencia técnica. Ha
publicado 149 trabajos especializados relacionados con políticas públicas,
políticas sociales, políticas de salud y economía de la salud. Ha supervisado
hasta la fecha 23 tesis doctorales concluidas y 17 trabajos de grado de
maestría en políticas públicas. Ha sido consultor de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Banco Mundial,
BID, CEPAL, FNUAP y CAF. Tiene experiencia como consultor internacional en
Ecuador, Paraguay, Honduras, República Dominicana, Guatemala, México, y Panamá.
Fue presidente del Capítulo de Venezuela de la International Society of Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR), y Miembro del Consejo Directivo de la “Federation for International
Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER)”
entre 1990-1994 y entre 2002-2006.
Además, es médico de la
Universidad Central de Venezuela y posee una especialización en Salud Pública
de la misma universidad y una Maestría en Ciencia Política de la USB, así como
una especialización en Políticas Públicas de la Universidad de Colorado en
Boulder, Estados Unidos. Realizó su PhD en la
Graduate School of Public and International Affairs (GSPIA) de la
Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Con ustedes las palabras del Dr.
Marino Gonzáles.
Monitor de Salud (MS) – Las
informaciones del inicio de la década pasada muestran que el gobierno de
Venezuela ha erosionado la infraestructura de atención médica del país,
amenazando la salud pública de su pueblo. Por ejemplo, entre el 2009 y el 2015,
la tasa de mortalidad infantil aumentó de 14,4 para 20,2 por 100 nascidos
vivos. Las tasas de mortalidad materna, de 92 por 100 mil nascidos vivos en
2000 alcanzaron, según estimativas de la OPS y UNICEF, 259 por 100 mil nascidos
vivos en 2020. La tasa de niños con bajo peso al nascer ha aumentado de 8.7%
para 9.7% entre 2003 y 2017. Pero desde 2016 el Ministerio de Salud de
Venezuela dejó de publicar estadísticas cruciales de salud pública. Frente al
apagón de datos estadísticos, ¿cómo se puede, aún que externamente, monitorear
el desastre de la salud pública provocado por la dictadura Chaves-Maduro en el
país? ¿Hay instituciones de la sociedad civil interesadas en monitorear el
estado de salud de la población venezolana?
Marino González (MG) -
Para entender lo que pasa con los datos en Venezuela es muy importante el
contexto político y del gobierno. En los últimos 25 años Venezuela ha
experimentado un deterioro significativo de las capacidades democráticas,
especialmente en las responsabilidades del gobierno. Este deterioro se
manifiesta de manera muy notoria, pero no exclusiva, en la afectación del
Estado de Derecho, en la ausencia de equilibrio de poderes, en el escaso
respeto de los procesos que garantizan los Derechos Humanos. De allí que en la
actualidad Venezuela tenga muy bajos indicadores de gobernabilidad democrática
en el escenario global.
En estas condiciones, que se han
agravado en los últimos años, el seguimiento y la calidad de las políticas
públicas tiene una importancia absolutamente secundaria para la gestión
gubernamental. De allí que lo que el país había construido por décadas en la
calidad de los sistemas de medición social, se ha perdido en gran proporción.
Es por ello por lo que no existe información regular y de calidad sobre
aspectos básicos para las políticas de salud. Las cifras de mortalidad no se
publican desde 2016, pero los datos demográficos no se actualizan desde 2012
(casi 12 años). La última información
semanal sobre enfermedades de notificación obligatoria fue publicada a finales
de 2016 (siete años).
Ante estos inmensos vacíos de
información, desde hace más de 10 años se han generado iniciativas de
universidades, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación,
empresas de seguimiento de opinión pública, con el objetivo de suplir, en alguna
medida, estas carencias de información para la evaluación de políticas.
Obviamente, estas iniciativas están sujetas a las restricciones de recursos,
por lo cual muchas veces no son tan completas y regulares. Es claro que cumplen
una función clave en una situación en la que el sector público prácticamente ha
dejado de lado sus funciones constitucionales de garantizar las mejores
políticas para los ciudadanos.
MS - La progresiva eliminación
de los procesos de vigilancia sanitaria y epidemiológica en Venezuela ha
aumentado los brotes de enfermedades transmisibles en el país en proporciones
alarmantes, al mismo tiempo en que se desactivan las estratégicas de vacunación
para las enfermedades prevenibles, como sarampión, difteria y tétano. En los
años 2016 y 2017 Venezuela tuvo la mayor tasa de aumento de malaria en el mundo
y las tasas de tuberculosis en el 2015 fueron las más altas del país en 40
años. ¿Como se encuentra esta situación actualmente? ¿Hay interese o voluntad
política de mejorar la salud de la población más pobre y sin recursos? ¿Sería
el desinterese por la salud de los más pobres una estrategia para eliminar la
población pobre que no se siente representada por la dictadura venezolana y que
no tiene condiciones para inmigrar para otros países?
MG - El gobierno que se
inició en 1999, y que continúa hasta el día de hoy, tuvo como uno de sus
principales mensajes la lucha contra la pobreza. Este largo período de mayor
empobrecimiento que se ha sucedido después en el país es demostración de que el
gobierno no tenía una estrategia moderna e inteligente para corregir los
desequilibrios del desarrollo. La falsa premisa de que era posible concentrar
la riqueza en el Estado, y que por consiguiente todo se resolvería, está en el
centro de este monumental fracaso. Ya en 1999 se sabía que los países no
mejoran porque el Estado absorba todas las funciones políticas, económicas y
sociales.
Esta es la causa de que Venezuela
haya experimentado el aumento más grande en la proporción de hogares en
situación de pobreza extrema, hasta llegar a 75% en mediciones de encuestas de
gran calidad técnica. Ese aumento de pobreza comenzó antes de la hiperinflación
iniciada en 2017, y se incrementó más en todo el periodo de hiperinflación (de
las más largas que se han reportado en el mundo). De manera que se puede decir
con toda propiedad que no se tenía ni la voluntad política, ni las capacidades
técnicas e institucionales para superar la pobreza en el país. Las evidencias
del deterioro social y económico de Venezuela son las más notorias en los
últimos cincuenta años en el mundo. Están lamentablemente a la vista. La
migración de más de 7 millones de venezolanos sobre un total de 30 millones son
las mayores pruebas de este descalabro extraordinario de la gestión pública del
país en el último cuarto de siglo. Es así de dramático.
MS - Hace tiempos Venezuela ha
utilizado la estrategia de importar médicos de familia de Cuba remunerando el
país con óleo. Muchos afirman que la principal función de los médicos de
familia (o médicos de manzana) de Cuba ha sido, por lo menos en el pasado, una
función de vigilancia y propaganda política, identificando potenciales personas
que podrían amenazar el régimen y propagandeando los beneficios del gobierno
para tener adhesión de la población por convencimiento o por miedo. ¿En el caso
de Venezuela, los médicos importados de Cuba también cumplieron esta función?
¿La adopción de los médicos de familia cubanos ha sido benéfica para la salud
de los venezolanos? ¿Su acción ha abarcado toda la población venezolana o
solamente aquella de las áreas identificadas como de apoyo al régimen
chavo-madurista?
MG - La traída de médicos
de Cuba se inició en el año 2002. En aquel año, ya iniciada la crisis política,
era fundamental para el gobierno de Chávez recuperar la popularidad, porque la
gestión de los primeros años no tenía mucho que ofrecer (por ejemplo, el
programa de atención materno-infantil que atendía a más de 500.000 niños y
mujeres embarazadas fue eliminado en los primeros meses de la gestión). En ese
contexto, el gobierno de Venezuela copió en la práctica el concepto de las
misiones que se habían implementado en Cuba diez años atrás. Y una de esas
misiones fue la llamada Barrio Adentro, en la cual se incluyó que médicos
cubanos vinieran a Venezuela.
De manera que el objetivo de esa
misión no fue de política pública. Fue más bien una estrategia para enfrentar
el referéndum revocatorio de 2004, el cual ganó el gobierno. Los servicios que
se desarrollaron en esta misión tuvieron más bien efectos de publicidad para el
gobierno, pero no tuvieron efectos en términos de políticas de salud. Los
indicadores de salud del país no experimentaron mejoras por esta misión. Hasta
el punto de que la mortalidad infantil y materna aumentó en esos años (en la
actualidad no se tienen cifras oficiales, pero las estimaciones internacionales
indican que estos indicadores han aumentado significativamente en el país).
Muchos de los médicos cubanos que ingresaron a Venezuela se unieron a los
millones de venezolanos que migraron, sea porque marcharon a Colombia y otros
países andinos, o a los Estados Unidos. En este momento nadie habla de esa
misión.
MS - Entre 2014 e 2023 cerca
de 7,7 millones de venezolanos migraron del país, lo que representa la mayor
tasa de inmigración de un país sudamericano en la historia. Entre los factores
que contribuyen para la migración se encuentra el hambre y la falta de
asistencia a salud de la población. Por ejemplo, entre 2017 y 2018, la mayoría
de los pacientes infectados por el VIH interrumpieron la terapia por falta de
medicamentos. Muchos de los pacientes de VIH que pudieron migraron para tener
acceso al tratamiento que les ha sido negado por el gobierno venezolano. ¿En su
punto de vista, como la deterioración del sistema de salud ha influenciado las
estrategias de migración de la población venezolana?
MG - Si, totalmente. Desde
1999 se produjo en Venezuela un aumento sostenido de las fuentes de
financiamiento privadas. El gasto de bolsillo estimado por las cuentas
nacionales llegó a ser uno de los más altos de la región. Este proceso coincide
con el deterioro de la capacidad productiva del país, con el cierre de muchas
empresas, y la consiguiente pérdida de empleos. A mediados de la década pasada
el 50% de la población no tenía ningún tipo de seguro de salud (ni público ni
privado). En tres años (2017), justo en el comienzo de la hiperinflación, este
porcentaje había ascendido a 70%. Es evidente que esta situación empeoró en los
años de hiperinflación, influyendo de manera clara que la gran oleada de
migración que se produjo en esos años. Por otra parte, las encuestas de opinión
pública han señalado de manera permanente la importancia que las familias
otorgan a la salud, como problema fundamental de su cotidianidad.
Un aspecto vinculado es que la
cobertura de pensiones en la población de adultos mayores no supera el 50% de
los que deberían recibirla y, por otra parte, el monto de estas pensiones no
superó los 5 dólares mensuales por mucho tiempo. Estas pensiones son
financiadas con recursos fiscales, de manera que no discriminan en función de
la actividad laboral realizada. Para muchos adultos mayores, con mayores
restricciones para migrar, parte de la estrategia de sobrevivencia considera
que sus hijos o nietos puedan emigrar para ampliar el financiamiento de las
familias en el país a través del envío de remesas. Los costos de la atención a
la salud en esta población sin ningún tipo de protección financiera, es, sin
dudas, un factor que promueve la migración de sus familiares. La migración, en
la práctica, es una demostración de los inmensos fracasos de las políticas de
salud y de seguridad social experimentados en los últimos 25 años en
Venezuela.
MS - Desde noviembre de 2021,
la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación sobre posibles
crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ya que una misión de investigación de
las Naciones Unidas encontró motivos suficientes para creer que se habían
cometido crímenes contra la humanidad como parte de una política estatal para
reprimir a los opositores. Según esta investigación, las autoridades judiciales
del país han participado o han sido cómplices de abusos, sirviendo como
mecanismo de represión, incluyendo el hecho de que millones de personas no
pueden acceder a atención médica y nutrición adecuadas. ¿Cuál será el
seguimiento de esta investigación y que consecuencias podrá traer para el
gobierno? ¿Podrá esta investigación traer elementos para revertir la crisis del
sistema de salud venezolano que afecta a los más pobres que no apoyan el
régimen?
MG - La evolución de las
condiciones de salud en Venezuela, especialmente en el marco de la emergencia
humanitaria compleja que se mantiene desde hace ocho años, ha ameritado
múltiples investigaciones en organismos internacionales, tanto por el
seguimiento de los derechos humanos como por los efectos en la vida de las
personas. Es deseable que todas estas investigaciones sirvan para impedir
nuevas situaciones y para resarcir los daños cometidos. Estas investigaciones,
por sus propias características, tienen plazos y procesos que se deben cumplir.
Creo que la mejora en la
situación concreta de los ciudadanos, incluyendo por supuesto en la salud,
supone un proceso de cambios institucionales y políticos que son muy complejos
en Venezuela. Las exigencias para modificar las actuales pautas son notables, y
los avances no marchan en la medida de las necesidades. Esperemos que en los
próximos meses se puedan identificar puntos que permitan mejorar. La comunidad
internacional y los actores nacionales están persuadidos de la gravedad de la
situación y de las consecuencias para la vida cotidiana de todos los
venezolanos, los que viven en el país, y los que viven fuera.
MS - Uno de los grandes
problemas en Venezuela es la crisis alimentaria, que además de ser uno de los
principales factores de migración, afecta a todos que se encuentran en el país.
En un contexto de pobreza y bajísimos salarios, los precios de los alimentos
aumentaron 315% entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023. Muchos países
han contribuido con donaciones para la solución de la crisis humanitaria que,
además de los temas de hambre, involucra violencia doméstica, violencia contra
las mujeres y contra las minorías LGBT. ¿Cómo el gobierno ha enfrentado y-o
pretende enfrentar estos problemas?
MG - Las organizaciones
nacionales que están participando en las tareas de apoyo dentro de la
emergencia humanitaria compleja, han expresado recientemente que se atiende a
menos de 10% de la población en situación de necesidad. A pesar de que existen
recursos disponibles para que se pueda aumentar esta cobertura, señalan que
múltiples obstáculos impiden que se pueda mejorar la situación. En general,
existe una gran insatisfacción porque estas dificultades no se hayan podido
superar. Es evidente que la responsabilidad de la gestión del gobierno en este
aspecto es un factor fundamental.
MS - Venezuela es actualmente
uno de los países con menor gasto público en salud (1,7% del PIB y 4,9% del
gasto público total). ¿Porque salud no es una prioridad en el presupuesto
público en Venezuela?
MG - Al igual que en
muchas áreas de las políticas sociales, la salud está afectada por esta
ausencia de prioridades en la gestión pública. Los objetivos de corto y mediano
plazo de la gestión pasan más bien por otros aspectos, entre ellos, la
supremacía política, y la obtención de recursos para actividades del ámbito
político. De manera que la prioridad por diseñar y ejecutar políticas de salud
de calidad no es el tema. Para ello se requeriría la puesta en marcha de
procesos de consultas y acuerdos para los cuales no se tienen las competencias
políticas ni técnicas y, además, no son prioritarios. La única forma de
transformar esta situación es en una nueva etapa política que concentre
esfuerzos sostenidos por mejorar la institucionalidad democrática. Ese es el
mayor reto, en mi opinión, que tiene por delante la sociedad venezolana.
MS - ¿Cómo usted vislumbra la
coyuntura de salud en Venezuela para 2024, incluyendo los temas de
epidemiologia, funcionamiento y financiamiento del sistema de salud?
MG - Toda la coyuntura de
2024 está influida por la elección presidencial, la cual no tiene aún fecha
establecida. Este evento afectará la situación política, y tendrá consecuencias
sociales y económicas. La ausencia de políticas de calidad, por las razones
señaladas, es el factor predominante. De manera que no puede haber
modificaciones en ese curso de acción sin mejoras en la institucionalidad
democrática. En el peor escenario, de no avanzar en el ámbito político, lo que
puede pasar es que aumenten las restricciones económicas y empeore la atención
a la emergencia humanitaria compleja. Creo que todas las alarmas siguen
encendidas en Venezuela. Es una crisis profunda, sistémica, de amplias
repercusiones en la región, y fundamentalmente, una crisis global de las
condiciones de los venezolanos. Debe ser una coyuntura de la mayor preocupación
para todos, para los responsables nacionales, y para la comunidad
internacional. Es un año muy crítico para el futuro de la sociedad venezolana.
No tengo ninguna duda.
